El ministro de Educación, José Antonio Chang, precisó que se eliminarán contenidos ideológicos, concentrando la enseñanza en habilidades como pensamiento crítico y comprensión lectora. La propuesta abre una disputa política sobre qué contenidos deben permanecer en las aulas, mientras el Estado ya tiene una política vigente para enseñar la historia de la subversión y el terrorismo.
La presidenta Keiko Fujimori convirtió este lunes la reforma curricular en uno de los ejes políticos del nuevo Plan Nacional de Educación 2026-2031. Durante la presentación del documento, la mandataria sostuvo que la currícula “no tiene que tener ideología” y que debe concentrarse en “datos, estadísticas” e “información real”.
El ministro de Educación, José Antonio Chang, fue todavía más tajante: anunció que el Gobierno retirará de la currícula nacional “todo tipo de ideología” y cuestionó que el currículo se haya convertido en una “bolsa sin fin” de contenidos. Su propuesta apunta a reducir contenidos y priorizar comprensión lectora, razonamiento matemático, pensamiento crítico, educación cívica, inglés, educación financiera y formación técnica.
Pero el anuncio no es solamente pedagógico. La frase sobre una educación “sin ideología” llega después de que Fuerza Popular colocara durante la campaña la eliminación de la llamada “ideología de género” como parte de su propuesta educativa. En el debate presidencial de marzo, Fujimori planteó eliminarla del sistema educativo; semanas después volvió a ofrecer una reforma curricular.
Ahora, ya desde el Gobierno, el concepto se amplía: Chang habló de retirar “todo tipo de ideología” y cuestionó incluso las interpretaciones ideológicas de la historia. Qué contenidos serán considerados ideológicos y quién determinará ese criterio todavía no ha sido explicado. En declaraciones anteriores, el titular del Minedu afirmó que se contará en los libros escolares lo que pasó en el periodo 1980-2000 en el Perú.
La historia también entra en disputa
La discusión adquiere una dimensión particularmente sensible cuando se habla de historia y terrorismo.
En 2023, el Congreso aprobó la Ley 31745, que declaró de interés nacional introducir en el currículo contenidos de educación cívica y de historia de la subversión y el terrorismo en el Perú. La norma plantea que estos contenidos contribuyan al fortalecimiento de la democracia y al reconocimiento histórico de la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.
El Minedu ya ha desarrollado herramientas pedagógicas en cumplimiento de esa disposición. Sus materiales para docentes incluyen el estudio de la subversión y el terrorismo dentro de las áreas de Personal Social, Ciencias Sociales y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, y vinculan su enseñanza con la formación de ciudadanos críticos y democráticos.
Incluso el propio Ministerio ha sostenido que los escolares deben conocer el daño causado por el terrorismo para evitar que se repitan sus discursos violentistas.
Por eso, el debate que abre ahora el Gobierno no parte de cero. Existe ya una política educativa para enseñar ese periodo de la historia peruana. Lo que queda por determinar es si la nueva reforma curricular modificará la manera de abordar esos contenidos, qué interpretación histórica buscará priorizar y qué entenderá el Ejecutivo por una enseñanza “sin ideología”.
El antecedente es especialmente relevante porque la educación fue uno de los espacios atravesados por el conflicto armado interno. Investigaciones del IDEHPUCP han documentado cómo Sendero Luminoso buscó expandir su influencia en escuelas, colegios, institutos pedagógicos y universidades, convirtiendo distintos espacios educativos en escenarios de disputa ideológica.
Pero justamente por ello, especialistas han advertido que enseñar ese periodo no puede reducirse a una versión simplificada de los hechos.
El Consejo Nacional de Educación ya había cuestionado en 2021 una propuesta para introducir obligatoriamente la “Historia del Terrorismo en el Perú”. En su opinión técnica, sostuvo que enseñar esos contenidos no garantiza por sí mismo una comprensión compleja del pasado y que la historia debe contribuir al pensamiento crítico y reflexivo, evitando interpretaciones facilistas.
Ese debate vuelve ahora al centro de la reforma.
