Legisladores de ambas cámaras citaron a los titulares de Defensa, Economía, Relaciones Exteriores y otras cinco carteras por temas que van desde Pataz hasta la crisis en Ucayali.

Nueve ministros del Gabinete Galarreta fueron citados y tienen mociones de interpelación por el Congreso en las primeras semanas del gobierno de Keiko Fujimori. La lista incluye al titular de Defensa, Rafael Belaúnde, y a siete ministros más, convocados tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado para que rindan cuentas sobre su gestión.

Los motivos de las citaciones son distintos entre sí. Uno de los ministros deberá explicar sus vínculos con una empresa minera. Otro tendrá que sustentar por qué el Ejecutivo busca declarar inconstitucional una ley que beneficia a maestros jubilados. Un tercer grupo, compuesto por cuatro ministros, fue convocado en conjunto por la crisis social que atraviesa la región Ucayali.

Existe una diferencia importante entre los dos mecanismos que usó el Congreso. La interpelación, que solo puede activar la Cámara de Diputados, exige el voto de un tercio de los congresistas hábiles antes de que el ministro llegue al pleno. La invitación a informar, que usa el Senado, no pasa por ese filtro: se aprueba de forma directa con una moción de orden del día.

Fuera de esta lista de nueve, hay un caso adicional que todavía no se formalizó. La bancada Juntos por el Perú anunció que prepara una interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo, aunque hasta el momento no presentó la moción ante el pleno. A continuación, el detalle de cada citación confirmada.

Interpelación contra Belaúnde se votará en el Pleno, mientras que alista una contra Astudillo

La moción contra Rafael Belaúnde fue presentada el 14 de agosto por un grupo de diputados liderado por Marino Lavado Valdivia. El pliego, con 43 preguntas, apunta a los aportes de campaña que recibió de Evangelina Arias de Sologuren, presidenta del directorio de Minera Poderosa, antes de asumir el Ministerio de Defensa. Los congresistas también piden que explique el uso de las Fuerzas Armadas en la provincia de Pataz, zona bajo sucesivos estados de emergencia por la minería ilegal.

Para que Belaúnde llegue al pleno, la moción primero necesita el respaldo de un tercio de los diputados hábiles. Solo después de esa votación se fija la fecha en la que el ministro deberá presentarse. El pliego interpelatorio incluye preguntas sobre posibles convenios entre el Ministerio de Defensa y la empresa minera, además del sustento técnico detrás del cambio en el esquema de seguridad en la zona, que pasó del control militar al Comando Unificado de Pataz (CUPAZ).

Mientras Belaúnde espera esa votación, otro ministro quedó bajo la mira del Congreso por un motivo distinto. La diputada Analí Márquez, de Juntos por el Perú, anunció que su bancada prepara una moción de interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo, por su negativa a remover al comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

Vinelli tendrá que sustentar ante el Senado la reorganización del MIDAGRI

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Antonio Vinelli, fue invitado por el senador Andrés Ramos a informar sobre 32 interrogantes. La moción, presentada el 19 de agosto, agrupa seis ejes: agricultura familiar, seguridad hídrica, financiamiento, fertilizantes, prevención ante El Niño y la reorganización del propio ministerio.

Buena parte del pliego se centra en la región Apurímac, donde persisten brechas de riego y bajo acceso a créditos agrarios. Los senadores pidieron precisar el estado de proyectos hídricos estratégicos, como el Sistema Hidráulico del río Chicha, y el avance de obras paralizadas a nivel nacional. También exigieron cifras sobre el Fondo AGROPERÚ y la cobertura real del Seguro Agrícola Catastrófico.

El otro punto central es el Decreto Supremo N.º 008-2026-MIDAGRI, que dispuso reorganizar el ministerio por 120 días. Los legisladores piden conocer qué debilidades justificaron esa medida y qué organismos, como SENASA o AGRO RURAL, podrían sufrir fusiones o cambios. La moción exige, además, que la reorganización no afecte los servicios que reciben los agricultores familiares mientras dure el proceso.